Mientras el oficialismo celebra la aprobación del proyecto para poner en marcha la nueva Terminal de Ómnibus “Mario Andrés Meoni”, desde la oposición cuestionan con dureza el modelo de gestión elegido y advierten por una presunta falta de controles, condiciones desventajosas para el Estado y un esquema de privatización sin inversión privada inicial.
Uno de los más críticos fue el concejal de La Libertad Avanza Juan Manuel Cornaglia, quien votó en contra y publicó un comunicado con duras acusaciones al Ejecutivo. “Lo que no avalamos es que los contribuyentes tengan que poner $380 millones para adecuar la terminal a las necesidades del concesionario. Es una ganancia asegurada, sin riesgo ni inversión”, sostuvo.
Cornaglia fue enfático al señalar que “el Gobierno local le mete la mano al bolsillo al contribuyente” y que “una vez más, el municipio aplica una política de delegación al privado sin condiciones reales”. Si bien reconoció que el Estado local no es eficiente para administrar, sostuvo que el mecanismo elegido es “excesivamente generoso” y con fines “netamente electorales”.
Unión por la Patria también se desmarcó: “El privado no puso un mango”
Desde Unión por la Patria, el concejal José Bruzzone también se diferenció del oficialismo y negó que el bloque se opusiera a la puesta en marcha de la terminal. “Es falso que no queríamos que se inaugure: cuestionamos que el privado no ponga un mango y se quede con la ganancia”, afirmó en redes sociales.
Además, señaló que el expediente aprobado contenía “varios martes 13”, en alusión a observaciones legales, administrativas y urbanísticas que fueron denunciadas por el bloque. “Queríamos que la gestione el municipio o al menos que se discutieran mejores condiciones”, agregó Bruzzone, quien acusó al oficialismo de no modificar el pliego pese a las advertencias.
En la misma línea, Martín Palma, del Frente Renovador (también dentro de UxP), explicó su abstención en una entrevista con Grupo La Verdad: “Encontramos irregularidades de fondo y de forma que nos llevaron incluso a recurrir al Tribunal de Cuentas”. Entre las objeciones, citó problemas con el seguro de caución, la legalidad del procedimiento licitatorio y la falta de aval técnico sobre el uso de suelo.
“Demasiado se retrasó una terminal que fue pensada, gestada y gestionada por Mario Meoni. Pero no podíamos acompañar un proyecto con vicios graves”, sentenció.
El oficialismo defendió la concesión y destacó el impacto urbano
Desde el bloque Juntos, el presidente del Concejo Deliberante, Juan Fiorini, defendió el avance del expediente y criticó la postura opositora: “Algunos concejales votan en contra como lo hacen con cada avance de Junín”. A su vez, sostuvo que la nueva terminal “dejará de ser un lugar vacío para convertirse en un lugar de oportunidades”.
El presidente del bloque Juntos, Javier Prandi, también respondió en declaraciones a Grupo La Verdad: “Se trató de lograr el mayor consenso posible. Este proyecto es uno de los más importantes de la gestión”. Prandi recordó que la terminal actual es el resultado de una operación iniciada por Meoni hace más de una década, que incluyó la cesión de terrenos municipales a cambio de su construcción. “Los propios concejales del Frente Renovador no acompañaron, lo cual es llamativo, ya que la terminal lleva el nombre de su fundador político”, subrayó.
Sobre el modelo de concesión, sostuvo que “la empresa deberá hacerse cargo de la administración y el funcionamiento del servicio” y que lo aprobado contempla “la puesta en marcha primero de la terminal operativa y, en etapas posteriores, el desarrollo del polo comercial”.
Qué se aprobó y qué viene
El proyecto autoriza al Ejecutivo municipal a concesionar el funcionamiento de la terminal, con un esquema que contempla 30 locales comerciales, una cafetería, una entidad financiera, la operación de todas las empresas de transporte y encomiendas, y servicios anexos como taxis y transporte público local.
En el exterior del predio se instalará un hipermercado, parte del futuro Paseo de la Ribera, que apunta a consolidar un nuevo eje urbano y comercial sobre la Avenida de Circunvalación.
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La empresa adjudicataria tiene un plazo de 45 días para iniciar operaciones, aunque desde el Ejecutivo estiman que el funcionamiento podría comenzar antes.
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