La caída de un “call center” de extorsión sexual que operaba desde la cárcel de Junín volvió a poner el foco en un problema de fondo: la circulación de teléfonos celulares dentro de las unidades penitenciarias, una práctica que se instaló durante la pandemia.
Lejos de desaparecer, se consolidó como un factor estructural que facilita la comisión de delitos desde el encierro, según reconocen fuentes de seguridad, que conocen con pelos y señales el submundo carcelario local, en diálogo con Edición Noroeste.
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Celulares en las cárceles: de medida excepcional a problema estructural
Una fuente de seguridad explicó que la presencia de teléfonos celulares en las cárceles se instauró en plena pandemia, cuando los familiares no podían visitar a los detenidos. “La pandemia terminó”, advirtió, pero los dispositivos siguieron circulando dentro de los penales bajo el argumento de mantener la calma interna.
Según ese testimonio, los celulares se toleran, en parte, como una forma de “tenerlos quietos a los presos”, sobre todo en momentos sensibles como fin de año, cuando las autoridades buscan evitar conflictos o amotinamientos. Sin embargo, esa lógica derivó en un escenario difícil de controlar y con consecuencias directas en la seguridad.
“De una cosa a la otra, los tipos se mandan la re joda con los celulares”, sintetizó la fuente, al describir el uso que muchos internos hacen de esos dispositivos para cometer delitos desde las celdas.
Allanamientos reiterados y delitos que se organizan desde el encierro
El impacto de esta situación queda reflejado en la cantidad de procedimientos judiciales realizados dentro de la cárcel de Junín. De acuerdo con la fuente consultada, ya se superaron ampliamente los 15 allanamientos en distintas causas, una cifra que expone la magnitud del problema y la reiteración de maniobras delictivas organizadas desde el interior del penal.
Las órdenes de allanamiento y requisa pueden ser dispuestas tanto por jueces de Garantías de la provincia de Buenos Aires, con jurisdicción sobre las cárceles, como por jueces federales, dependiendo de la naturaleza del expediente. En ese marco, recordó que causas federales por narcotráfico también derivaron en allanamientos dentro de la unidad penitenciaria, incluso en investigaciones de alto impacto.
Las requisas de celdas y pabellones, precisó, quedan a cargo del Servicio Penitenciario Bonaerense, con la intervención de grupos especiales, aunque el problema de fondo —la circulación de celulares— sigue siendo un desafío abierto para el sistema penitenciario y la política criminal.
La desarticulación del “call center” de extorsión en Junín expuso, una vez más, que los muros no frenan el delito cuando existen herramientas que permiten operar hacia el exterior, y reavivó el debate sobre el control efectivo de los dispositivos móviles dentro de las cárceles.
Edición Noroeste 
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