Reunidos de manera extraordinaria en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) acordaron este martes que las universidades públicas argentinas recurrirán a la Justicia para exigir al Gobierno nacional el cumplimiento de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente (Ley N° 27.795), promulgada pero suspendida por decreto.
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Un reclamo unánime por la institucionalidad
El presidente del CIN, Oscar Alpa, destacó que “40 años después del primer plenario del CIN, nos volvemos a encontrar en la UBA y esta vez para que las universidades tomen el posicionamiento político de exigir el cumplimiento de la ley y el respeto al sistema republicano”.
Por su parte, el decano anfitrión, Leandro Vergara, advirtió que “un decreto no puede suspender una ley”, mientras que el vicepresidente del Consejo, Franco Bartolacci, agregó que “es grave para la institucionalidad democrática del país que se naturalice el incumplimiento de la ley, más aún en referencia a leyes con amplia legitimidad social, institucional y política”.
Denuncian violación a la división de poderes
El presidente Javier Milei había vetado la norma en agosto, pero el Congreso la ratificó el 2 de octubre. Aunque fue promulgada, el Ejecutivo dispuso su suspensión, decisión que —según Vergara— “viola de manera directa la división de poderes, mediante la invocación de fundamentos inválidos”.
Bartolacci sostuvo que las universidades fueron “muy responsables y serias priorizando siempre los caminos institucionales para reclamar una respuesta” y que ahora “corresponde recurrir a la Justicia para garantizar el cumplimiento de la ley”.
Además, el CIN resolvió solicitar al Congreso Nacional la aprobación del presupuesto 2026 con base en los recursos previstos por la Ley de Financiamiento Universitario.
Edición Noroeste 
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