Un allanamiento con resultado positivo en Junín reveló un presunto punto de distribución de material de abuso sexual infantil, en el marco de una investigación encabezada por la Fiscalía Especializada en Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming del Departamento Judicial local.
La medida fue llevada adelante por personal de Cibercrimen Junín y la división Interior Norte IV Bragado, bajo la órbita de la Superintendencia de Delitos Complejos de la Policía bonaerense. La intervención fue ordenada por el Juzgado de Garantías N.º 3.
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La causa se inició a partir de un reporte del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC), que alertó sobre la posible circulación de material sensible a través de redes digitales. El aviso fue remitido a la fiscalía temática de Junín, que en forma inmediata puso en marcha un trabajo conjunto con las unidades de cibercrimen.
Según se detalló, la Sección de Investigaciones Cibercrimen Junín desplegó tareas de inteligencia digital, análisis técnico y vigilancia encubierta, lo que permitió identificar al sospechoso, documentar su actividad delictiva y localizar el domicilio desde donde operaba. El abordaje técnico incluyó cruce de datos, geolocalización y trabajo articulado con la Unidad Fiscal de Instrucción N.º 6.
El allanamiento y los elementos secuestrados
El operativo se concretó en la mañana del martes 29 de julio en una vivienda del barrio Ricardo Rojas, donde se procedió al secuestro de dos teléfonos celulares y dos tarjetas SIM, y a la aprehensión de un hombre mayor de edad, cuya identidad no trascendió. Los dispositivos quedaron a disposición de los peritos forenses para su análisis, en busca de más evidencia.
Fuentes judiciales indicaron que el acusado quedó a disposición de la Justicia y podría ser imputado por delitos vinculados a la distribución de material de explotación sexual infantil, una figura penal con penas que van de tres a diez años de prisión efectiva.
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Firmeza institucional contra los delitos digitales
Desde la fuerza policial subrayaron que “la protección de la infancia es una prioridad” y destacaron el trabajo coordinado entre el Ministerio Público Fiscal y las unidades de investigación tecnológica. “Redoblamos esfuerzos para combatir delitos complejos que se cometen en entornos digitales, donde las víctimas suelen ser los sectores más vulnerables”, señalaron.
Edición Noroeste 
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