Pese a la presión del campo, el Gobierno de Javier Milei decidió sostener las retenciones reducidas para el trigo y la cebada hasta marzo de 2026, pero habilitó un aumento para la soja, el maíz, el girasol y el sorgo.
La medida quedó oficializada este viernes a través del decreto 439/2025, publicado en el Boletín Oficial, con las firmas de Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo.
Según la normativa, las alícuotas del 9,5% para trigo y cebada continuarán vigentes hasta el 31 de marzo de 2026. El decreto establece que los exportadores deberán liquidar al menos el 90% de las divisas dentro de los treinta días hábiles posteriores a la Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE). En caso de incumplimiento, se aplicará la alícuota correspondiente al esquema previo a la entrada en vigor del Decreto 38/25.
El Gobierno aclaró en el texto que la decisión busca «seguir garantizando la eficacia en la exportación» de los productos incluidos en el anexo del decreto.
Sin embargo, el documento no contempla la prórroga para el resto de los cultivos. Por lo tanto, si no se publica una nueva medida antes del lunes, las alícuotas de la soja volverán al 33% (hoy están en 26%), las del maíz y el sorgo subirán del 9,5% al 12% y la del girasol pasará del 5,5% al 7%.
En este contexto, los exportadores aceleraron la presentación de las DJVE en los últimos días. Desde que se implementó la baja temporal de retenciones, el 27 de enero pasado, se registraron ventas por 15,8 millones de toneladas de subproductos de soja, 17,9 millones de toneladas de maíz, 6,5 millones de toneladas de poroto de soja y 3,8 millones de toneladas de aceite de soja. Solo en las últimas dos semanas ingresaron aproximadamente US$ 5.000 millones.
El retorno al esquema anterior generó rechazo en las entidades rurales. La Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Coninagro, la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) manifestaron su preocupación por el impacto económico.
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Desde CRA advirtieron que «las modificaciones de las alícuotas afectan la competitividad del sector y comprometen la sustentabilidad de los productores», mientras que desde Carbap señalaron que la medida «no ayuda a construir un escenario de previsibilidad para el campo».
Edición Noroeste 
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