Edición Noroeste

Por Juan Tellería (*)

La educación pública ha sido, desde hace mucho tiempo, un símbolo de orgullo para todos los argentinos. Ha sido el motor de una movilidad social ascendente, donde hijos de inmigrantes, llegados con “una mano atrás y otra adelante”, han logrado convertirse en profesionales que han contribuido al desarrollo de nuestra sociedad. Recordemos con admiración a figuras como Bernardo Houssay, Luis Federico Leloir, Saavedra Lamas y César Milstein, todos ellos egresados de la Universidad de Buenos Aires.

Pero no solo la casa de estudios porteña ha brindado destacados profesionales, sino que otras universidades argentinas también han sido cunas de personalidades tales como René Favaloro, quien se formó en la Universidad Nacional de La Plata, César Pelli en la Universidad Nacional de Tucumán, y Adolfo Pérez Esquivel en la Universidad Nacional del Litoral.

En nuestro propio entorno, la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires (Unnoba) ha brindado acceso a la educación superior a aquellos que no podían emigrar a otras ciudades para perseguir sus sueños académicos, al mismo tiempo que ha impulsado el desarrollo local de manera sin precedentes.

Sin embargo, hoy nos enfrentamos a una amenaza inminente: el desfinanciamiento y la posible privatización de la educación pública. Algunos, con una visión miope y cargada de ideología, reducen las universidades nacionales a simples centros de adoctrinamiento, ignorando su invaluable contribución al progreso de nuestra sociedad. El presidente Milei avanza con este plan de desfinanciamiento, congelando los presupuestos sin tener en cuenta la inflación acumulada ni los aumentos repentinos posteriores al cambio de gobierno.

Esta asfixia presupuestaria pone en peligro la operatividad de nuestras instituciones educativas, ya que los costos operativos han aumentado exponencialmente mientras que las partidas presupuestarias permanecen estancadas. Es por eso que el llamado a la acción en la marcha del 23 de abril es claro: defender la educación pública no es un acto partidista, es un compromiso con el futuro de todos los argentinos.

En la marcha, exigimos:

Incrementar de manera razonable los gastos de funcionamiento mensuales, actualizándolos conforme al proceso inflacionario.

Actualizar los salarios de docentes y personal administrativo.

Continuar con los programas universitarios destinados a inversión en infraestructura, equipamiento y programas de becas.

Garantizar el presupuesto necesario para sostener las actividades de ciencia, tecnología y extensión, pilares fundamentales de nuestra educación superior.

Es hora de levantar la voz y defender nuestro patrimonio nacional. La educación pública no es un privilegio, es un derecho de todos.

(*) Dirigente de la Agrupación Valores Justicialistas.