Edición Noroeste

Sumergida en un cono de sombras, la obra del paso bajo nivel de Rivadavia y las vías naufraga en un mar de preguntas sin respuesta y escasa información oficial, mucho menos, pormenorizada o transparentada de cara a la sociedad juninense.

La propuesta del intendente Pablo Petrecca –por ahora solo se conoce un esbozo- consiste en vender terrenos ferroviarios “ociosos”, pero, según pudo saber Edición Noroeste, no son varios “terrenos”, sino, uno solo, que además no está parcelado. Especialistas señalaron a este diario digital que los trabajos de agrimensura podrían demandar, en el lento engranaje estatal, alrededor de ocho o nueve meses, en el mejor de los casos.

En este esquema, Rivadavia permanecería cortada, por lo menos, hasta 2025. Entre medio, se multiplicarán las persianas bajas de los comercios y los trastornos de un populoso sector de la ciudad para circular.

“Hay vías y material rodante que sirve”

Oscar Farías, dirigente justicialista, exempleado de ADIF, afirmó a Edición Noroeste: “Es un proyecto nefasto para descapitalizar el sistema ferroviario y hacer un negocio inmobiliario, vender terrenos que pertenecen al Estado Nacional, que tienen que ver con poner en pie toda la infraestructura ferroviaria”.

Y cuestionó: “Se habla de terrenos ociosos, pero ahí hay vías, lo que pasa es que no hay desarrollo. Se habla de la Quinta Florida, donde hay cinco galpones llenos de material rodante que sirve, que venían de todo el país en los últimos meses del 2023”.

“Es material rodante que viene de la década del 80 y 90, que todavía sirve, y está intacto, nuevo y bien conservado”, señaló.

Fuentes del mundo ferroviario local también confirmaron a Edición Noroeste que en la Quinta Florida hay galpones con material rodante en perfecto estado, que tiene un alto valor económico.

Venta de terrenos: “Es una idea a trabajar con la comunidad”

Marcelo Balestrasse, concejal de Juntos, afirmó a Edición Noroeste: “Esto hay que manejarlo en comunidad. El Intendente maneja la idea de vender los terrenos, pero no puede vender los terrenos, es una idea a trabajar con la comunidad”.

Y el exsecretario de Obras Públicas ahondó: “Los terrenos se pueden vender, solo si la Nación los quiere vender. El municipio no puede venderlos. En algunos lugares del país se han vendido y en otros se realizaron desarrollos urbanísticos”.

“El propietario es la Nación, pueden vender, pero el uso del suelo, o sea, qué se puede construir, es potestad del municipio, con lo cual, ya ahí hay un trabajo en conjunto que hacer. Y ahí es donde entra la comunidad, la junta promotora, el consejo asesor de planeamiento, los colegios profesionales, los concejales, la comunidad toda”, señaló.

“El precio de los terrenos depende del uso que se les dé. Mañana se reúne la Agencia de Desarrollo, que es una de las instituciones que tiene la agenda hacia 2027, y la junta promotora, que es la que va a desarrollar los trabajos, que está integrada también, de manera directa, por los concejales. Ese es el ámbito donde tienen que opinar los concejales”, disparó.

El precio de terminar la obra

“Hay que determinar el precio desde que se adjudicó la obra a la actualidad para lo que queda de obra. Se pagan dos certificados, uno a valores históricos y otro con los precios nuevos. Si era una obra de casi 2 mil millones de pesos, el 200% de inflación da, como mínimo, entre 4 y 6 mil millones, aproximadamente (con un promedio de 4500 millones de pesos), pero ese precio sale de una redeterminación de precios que va a realizar el Estado nacional”, explicó Balestrasse.

“El Estado tiene continuidad jurídica, el Estado es dueño de esos terrenos. Puede seguir cediéndolo en comodato o decidir venderlo. La idea es que salga de garantía para los fondos que va a poner la empresa, nada más. Hay mucha tela para cortar y se precipitan muchos a opinar. Donde hay que opinar es en la Junta Promotora, en la agenda estratégica para 2027, trabajando con las instituciones. Ahí hay que de dar un debate serio”, dijo.  

Estudian la vía judicial

Fuentes del oficialismo comunal anticiparon a Edición Noroeste que, si no hay respuesta del Gobierno nacional para arribar a una solución al conflicto, estudiarán la vía judicial, a través de un amparo en la justicia federal.

“Esta demora podría generar una acción judicial, habría que analizarla”, soltó un funcionario, que participó de la audiencia pública y conocer con pelos y señales las marchas y contramarchas que tuvo el proyecto, aunque remarca que es una obra del Gobierno nacional.

“En caso de que el Gobierno nacional resuelva suspender definitivamente la obra, claramente habrá que avanzar en la apertura. Y, si no lo hace, habrá que exigirlo judicialmente, es una opción, pero antes hay que agotar las vías de negociación”, dijo.

Y amplió: “Sería una opción judicializarlo para obligar al Estado nacional a que termina la obra o que brinde una solución al problema que generó el propio Estado nacional con esa obra”.